¿Derecho a qué?, por Carlos
Adrianzén
(fuente http://elcomercio.pe/
En esta columna voy a
arremeter contra la frase “la educación es un derecho”
“La educación
es un derecho” es una frase muy bonita, pero en América Latina este deseo se frustra.
En esta columna voy a arremeter contra esta consigna.
La educación puede ser muy buena y crear capital
humano o ser mediocre y fuente de deplorables productividades. La primera suele
ser cara; mientras que la segunda, barata.
Cuando hablamos del derecho, sin embargo, todo cambia.
Un derecho puede implicar muchísimas cosas. Del diccionario de la Real Academia
Española me quedo con: “La facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley
establece en nuestro favor”. Entonces, para evitar imprecisiones, hay que
acotar. Y aquí surgen turbiedades y
demagogias.
Según el Banco Mundial, Estados Unidos y el Perú
gastan porcentajes similares de su presupuesto en educación pública. Debido a las diferencias
en sus niveles de riqueza, lo que se destina a la burocracia peruana por alumno
es una fracción minúscula de lo que gastan los estadounidenses (3%). En ese
sentido, un servicio educativo de US$10.000 dólares no tiene cotejo con otro
que asigna US$300. Considerando que la presión tributaria peruana ya supera el
21% del PBI y que esta se enfoca sobre la mitad formal, pretender elevar en
forma drástica los aludidos US$300 tiene mucho de iluso.
Por ello, los recientes esfuerzos por gastar un
poquito más y mejor en educación pública resultan tan destacables como
inverosímiles en el tiempo. ¿Qué hacer aquí?
Las cosas podrían mejorar, en algunas décadas, con el
ingreso masivo de privados en el sector educación. Pero sostener esto es una
blasfemia imperdonable en nuestro país.
La solución, por ende, nos remite a la siguiente
observación: no es lo mismo hablar del derecho a la educación que el derecho
a educarse. El derecho a educarse es tácitamente que tenemos la
responsabilidad de educarnos.
Si la burocracia desea ayudarnos, estaría bien dejar
de subsidiar entes estatales y subsidiar directamente a las familias. También
ayudaría que no se bloquee la libre entrada ni la competencia entre entidades
públicas y privadas.
Sobre todo, es necesario comprender que el derecho a
educarse implica la libertad de educarse. Dejemos que la gente ejerza su
derecho donde sepa, quiera o pueda.
Y si esto no pasa, entienda que hoy educar a nuestros
niños y jóvenes se parece más a un deber que a un derecho. Usemos todos los
medios lícitos para obtener lo que no podamos pagar. Como en todo, no hay
alternativa para usar el criterio. De allí la enorme importancia de la
educación primaria y secundaria.
Y no lo olvide: los diplomas y certificados no
competitivos estafan. Como lo acredita nuestro significativo déficit de capital
humano, un exiguo subsidio por estudiante no alcanza. Debemos encargarnos de
nuestra educación.
¿Así tendremos futuro? Con seguridad, tendremos el
futuro que nos mereceremos. Esto a menos que nos atrevamos a hacer algo más que
lamentarnos y culpar a otros.
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